Financiamiento universitario: la Justicia fijó una multa diaria de $100.000 para Diego Santilli
El juez Martín Cormick dispuso una multa diaria por el incumplimiento de una cautelar vinculada con salarios y becas universitarias.
Financiamiento universitario: la Justicia impuso una multa diaria al jefe de Gabinete por incumplir una medida cautelar
La resolución del juez federal Martín Cormick estableció una sanción de $100.000 por día para Diego Santilli. La decisión se conoció antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2026. La Justicia Federal dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, ante el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue adoptada por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11.
Según informaron distintos medios nacionales, la sanción busca que el Poder Ejecutivo cumpla con las obligaciones judicialmente establecidas en materia de actualización salarial del personal docente y no docente de las universidades nacionales y de los recursos destinados a becas estudiantiles. El magistrado también dejó abierta la posibilidad de modificar el monto de la multa o ampliar su alcance si persiste el incumplimiento.
La medida se produjo luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitara la aplicación de sanciones económicas ante la falta de cumplimiento de la orden judicial. La información fue publicada el 14 de octubre por medios como Página/12, A24 e iProfesional.
El conflicto por la aplicación de la ley
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, identificada como Ley 27.795, fue aprobada por el Congreso en 2025. Después de que el Poder Ejecutivo la vetara, ambas cámaras legislativas insistieron con su sanción mediante las mayorías constitucionalmente requeridas.
Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma, pero condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que era necesario determinar las fuentes de financiamiento correspondientes.
La situación derivó en una controversia judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales, que reclamaron la aplicación efectiva de la legislación.
El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick había dictado una medida cautelar relacionada con los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la recomposición salarial y los recursos destinados a becas. Esa medida fue confirmada por instancias judiciales superiores y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso del Estado nacional, por lo que la cautelar continuó vigente.
El 6 de octubre de 2026, el magistrado declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que suspendía la aplicación de la norma y ordenó avanzar con su cumplimiento. El Gobierno apeló esa decisión, aunque la apelación no dejó sin efecto la obligación de cumplir con la medida cautelar vigente.
Qué implica la sanción económica
La multa dispuesta por el juzgado constituye una medida coercitiva destinada a promover el cumplimiento de una orden judicial. En este caso, se fijó inicialmente en $100.000 diarios para el funcionario titular de la Jefatura de Gabinete.
De acuerdo con las informaciones publicadas sobre la resolución, el juez fundamentó la medida en las responsabilidades administrativas atribuidas a ese cargo y en el incumplimiento que consideró verificado dentro del expediente.
La sanción no debe confundirse con una condena penal: se trata de una medida económica adoptada en el marco de un proceso judicial para procurar la ejecución de una obligación.
El conflicto continúa abierto en el ámbito judicial, dado que la apelación del Gobierno contra la sentencia que declaró inconstitucional el tramo del decreto sigue pendiente de resolución. Por ese motivo, corresponde distinguir entre la vigencia de la cautelar, que debe cumplirse mientras no sea modificada o dejada sin efecto, y la resolución definitiva de todas las cuestiones planteadas en la causa.
Reclamos por salarios, becas y funcionamiento universitario
El conflicto también involucra la situación presupuestaria de las universidades públicas. En declaraciones recogidas por Elonce el 13 de octubre, los decanos Alejandro Carrere, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná, y Nicolás Brunner, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), expresaron su preocupación por el deterioro salarial, las dificultades para sostener las actividades académicas y científicas y la pérdida de personal docente.
Ambos señalaron que las restricciones presupuestarias afectan, según su evaluación, la capacidad de las instituciones para mantener laboratorios, renovar equipamiento y desarrollar proyectos de investigación. También manifestaron preocupación por las previsiones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.
Estas declaraciones corresponden a las autoridades universitarias consultadas y reflejan su evaluación de la situación. La magnitud de los efectos sobre cada institución debe analizarse a partir de sus respectivos datos presupuestarios y administrativos.
Convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria
En este contexto, distintas universidades, organizaciones sindicales, agrupaciones estudiantiles y sectores políticos convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre de 2026, con un acto central frente al Congreso de la Nación.
La movilización tiene como uno de sus principales objetivos reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la asignación de los recursos correspondientes al sistema público de educación superior.
Según informó LA NACIÓN el 12 de octubre, referentes de distintos espacios políticos, sindicatos y organizaciones sociales anunciaron su adhesión a la convocatoria. Asimismo, medios regionales informaron sobre la participación de universidades como la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
La marcha se realizará en un escenario marcado por la disputa presupuestaria, los reclamos de la comunidad universitaria y las decisiones judiciales que ordenaron avanzar con la aplicación de la normativa.
Una controversia que continúa
La discusión sobre el financiamiento universitario reúne cuestiones legislativas, presupuestarias y judiciales. Mientras las autoridades universitarias reclaman la actualización de salarios y recursos para sostener sus actividades, el Poder Ejecutivo ha cuestionado la forma de instrumentar la ley y apeló la sentencia que declaró inconstitucional la suspensión de su aplicación.
La multa diaria dispuesta contra el jefe de Gabinete agrega una nueva instancia al conflicto, sin resolver por sí misma todas las controversias sobre el financiamiento del sistema universitario.
El desarrollo del caso dependerá del cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes y de las próximas decisiones de los tribunales competentes.